Identificar bienes en fuentes verificables
Consultar registros públicos pertinentes y documentos autorizados, verificando identidad, fecha, titularidad aparente y límites de actualización.
“El objetivo es documentar una pregunta concreta sin anticipar el ingreso, el ocultamiento ni el efecto jurídico.”
Estas tres capas ayudan a convertir una sospecha amplia en un alcance verificable. La propuesta debe explicar cuáles aplican al caso y por qué.
Consultar registros públicos pertinentes y documentos autorizados, verificando identidad, fecha, titularidad aparente y límites de actualización.
Registrar actividad, establecimientos o patrones relacionados con la pregunta, sin convertir apariencia o gasto en una cifra de capacidad económica.
Separar hecho, fuente, inferencia y dato ausente para que el abogado decida qué información es pertinente y qué diligencia solicitar.
La secuencia protege la pertinencia del trabajo y permite detenerlo si la información disponible no justifica ampliar el alcance.
Definir el hecho, periodo, entidad y posible uso antes de pedir búsquedas u observación.
Distinguir documentos propios, información del expediente, datos públicos e hipótesis todavía no verificadas.
Listar consultas, ventanas, responsables y límites; excluir accesos privados o datos obtenidos sin autorización.
Evitar homónimos y registrar fecha, procedencia, alcance y limitaciones de cada hallazgo.
Contrastar avances con la pregunta y autorizar por escrito horas, traslados o fuentes adicionales.
Presentar hechos, anexos, inferencias y datos ausentes para que el abogado valore el siguiente paso.
Usa esta lista como control de contratación. El documento final debe indicar qué se buscó, dónde, cuándo, qué se encontró y qué no pudo verificarse.
Una investigación patrimonial para pensión alimenticia empieza con una pregunta que pueda verificarse. Si se buscan posibles ingresos ocultos de un ex cónyuge para que el abogado evalúe si procede solicitar una modificación, la pregunta debe referirse a un bien concreto, una actividad económica, un cambio posterior al divorcio o una diferencia entre lo declarado y hechos observables. No debe empezar con la conclusión de que existe ocultamiento.
La investigación privada tampoco tiene las facultades de un juzgado. Puede consultar fuentes públicas pertinentes, revisar documentos que el cliente está autorizado a aportar y documentar actividad observable dentro de un alcance lícito. El abogado define qué información podría ser útil en el expediente; la autoridad decide qué admite y qué valor le asigna.
Es un encargo para localizar y ordenar información verificable relacionada con una pregunta económica concreta. El resultado puede incluir coincidencias en registros públicos, vínculos societarios documentados, bienes cuya titularidad deba confirmarse, actividad económica observable o cambios de circunstancias. Cada dato necesita fuente, fecha, responsable, contexto y límites.
Un hallazgo aislado no autoriza conclusiones amplias. Compartir apellido no acredita identidad; aparecer en una sociedad no demuestra ingreso actual; una fotografía de consumo no calcula capacidad económica; un domicilio no prueba propiedad. El informe profesional explica qué se verificó, qué sólo es indicio y qué información falta.
Puede aportar cuando existe un hecho delimitado y el abogado explica por qué podría ser pertinente: verificar una actividad específica, documentar un cambio desde cierta fecha, confirmar una coincidencia registral o preparar una solicitud de diligencia. La pregunta debe incluir persona, periodo, entidad y finalidad.
Conviene consultar primero con abogado cuando sólo existe una sospecha general, cuando ya hay un procedimiento abierto, cuando se pretende acceder a información restringida o cuando el caso involucra custodia, riesgo o posibles consecuencias penales. Hacer más búsquedas no corrige una pregunta mal definida y puede recopilar datos innecesarios.
Una propuesta debe nombrar las fuentes, no esconderlas bajo expresiones como “bases especiales”. Puede incluir registros de consulta pública pertinentes, publicaciones abiertas, documentos propios o autorizados y observación en condiciones permitidas. El proveedor debe explicar cómo verifica homónimos, actualidad, procedencia y relación con la pregunta.
No se debe contratar acceso a cuentas bancarias, declaraciones fiscales, buró de crédito, dispositivos, mensajes, ubicaciones privadas o bases restringidas. Conocer una contraseña, compartir vivienda o haber pagado un dispositivo no concede automáticamente derecho de acceso. Si el juzgado necesita información reservada, el abogado debe valorar la vía procesal correspondiente.
Compara trazabilidad y utilidad, no cantidad de páginas. El informe debe separar datos entregados por el cliente, resultados de fuentes públicas, observación directa e inferencias. También debe registrar búsquedas sin resultado, coincidencias descartadas, información no disponible y cualquier limitación que impida responder.
Pregunta quién firma, qué anexos se entregan, cómo se protege la información y cuánto cuesta una aclaración o participación posterior. Un hash, una cadena de custodia o una firma técnica pueden ser pertinentes para ciertos archivos, pero no transforman información irrelevante o obtenida indebidamente en prueba admisible.
Los MXN 32,000 y el periodo de 14 a 30 días que aparecen en esta ficha son referencias editoriales heredadas y deben confirmarse. No demuestran tarifa vigente ni que ese plazo sea necesario. Una verificación documental acotada puede requerir menos tiempo; una observación sólo se amplía si la pregunta y los primeros hallazgos la justifican.
Pide al menos propuestas comparables que detallen objetivo, fuentes, actividades, responsables, horas, territorio, traslados, impuestos, entregables y cortes de decisión. Coordinar con abogado no significa que el proveedor redacte promociones o garantice la modificación de una pensión: significa que la recopilación responde a una pregunta pertinente y evita invadir funciones.
El régimen concreto depende de la entidad, la actividad, el proveedor y el uso previsto. Estas referencias sirven para formular preguntas, no como asesoría jurídica del caso.
La vía, las pruebas y las diligencias dependen de la entidad, la etapa y las reglas vigentes. El abogado del caso debe definir qué información puede ser pertinente.
Un juzgado puede ordenar requerimientos dentro del proceso. Una investigación privada no puede acceder por esa sola razón a cuentas, declaraciones, comunicaciones o bases restringidas.
Solicita identidad del responsable, finalidad, datos necesarios, conservación, transferencias y mecanismo para ejercer derechos antes de compartir información sensible.
Si el proveedor afirma tener licencia, autorización o registro pericial, verifica documento, emisor, actividad, territorio y vigencia; el nombre comercial no basta.
5 compromisos · Cada dato publicado lleva fuente y fecha · Quien verifica no es quien vende · Todo espacio pagado va etiquetado · Cuatro lugares por categoría y ciudad, sin excepción · Derecho de réplica con responsable identificado
Leer el compromiso completoSon ejemplos de alcance, no expedientes, clientes ni resultados reales. Ayudan a distinguir un indicio investigable de una conclusión anticipada.
Situación de referencia: Existen indicios de una actividad económica no descrita en la información disponible; se busca identificar fuentes verificables sin asumir ingreso ni ocultamiento.
Situación de referencia: El cliente conserva documentos propios y necesita ordenar su procedencia antes de decidir si hace falta una revisión técnica adicional.
Situación de referencia: Hay cambios observables después del convenio, pero el abogado debe definir primero cuál podría ser relevante y durante qué periodo.
Estas guías ayudan a preparar la consulta. Revisa su fecha, fuentes y función antes de trasladar una explicación general a tu expediente.
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Respuestas prudentes sobre capacidad económica, pruebas, RNOA, fuentes, costo y posible uso del informe.
Las fichas estatales son referencias editoriales. No demuestran cobertura, disponibilidad, autorización ni una tarifa uniforme.
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Ver la zonaRutas editoriales · confirma proveedor, alcance, disponibilidad y tarifa
Ver las 32 zonasDespués solicita propuestas comparables con fuentes, método, privacidad, costo, responsables, entregables y límites por escrito.
El precio, el alcance y el plazo los fija por escrito la empresa que contrates: el directorio no cobra a los usuarios ni fija tarifas. Si no sabes cuál te toca, el triaje de tres preguntas lo acota antes de que pidas propuesta.
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