Custodia: ¿tiene preferencia la madre?

Quién tiene preferencia en la custodia, la madre o el padre, es de las preguntas que más se buscan en México cuando un matrimonio se rompe, y también de las peor respondidas. Durante décadas circuló la idea de que los hijos menores de cierta edad debían quedarse con la madre casi por default, y todavía hoy se repite esa creencia en pláticas de café y hasta en despachos. Esa regla ya no existe. Desde noviembre de 2019 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la custodia materna automática para menores de 12 años prevista en el Código Civil para la Ciudad de México, y el criterio se sigue citando y difundiendo en 2026 en juzgados de todo el país.

Eso no significa que la ley favorezca ahora al padre, ni que el resultado de un juicio de custodia sea una moneda al aire. Significa que el juez debe analizar el caso concreto: quién ha cuidado del día a día, qué tan estable es cada entorno, qué tan cerca viven los domicilios, si hay antecedentes de violencia y qué opina el propio menor cuando tiene edad y madurez para expresarlo. En este artículo se explica, con las cifras oficiales de INEGI y los criterios verificados de la Primera Sala, qué pesa realmente en una decisión de custodia en México en 2026, qué necesita acreditar un padre que la solicita y qué errores debilitan el caso de cualquiera de los dos progenitores.

Antes de entrar al detalle, una aclaración necesaria: este contenido es orientación general, no asesoría legal. Cada entidad federativa tiene su propio Código Civil y su propio Código de Procedimientos Familiares, y los artículos, plazos y criterios locales varían de un estado a otro. El caso concreto siempre debe revisarlo un abogado de familia. INFIEL MX no es un despacho de abogados ni ejecuta encargos: es un directorio que publica fichas de investigadores privados, peritos informáticos, abogados de familia, terapeutas de pareja y mediadores independientes, con lo verificado de cada uno y desde qué fecha. Contratas directo con la empresa que elijas.

¿Existe la preferencia materna en la custodia en México en 2026?

La respuesta corta es no: en México ya no existe una preferencia legal automática a favor de la madre ni del padre para decidir la guarda y custodia de los hijos. La regla que sí existió, y que muchas personas todavía dan por vigente, estaba en el artículo 282, apartado B, fracción II, párrafo tercero, del Código Civil para la Ciudad de México: ordenaba que, salvo riesgo para el menor, los hijos e hijas menores de 12 años quedaran bajo custodia provisional de la madre mientras se resolvía el juicio. La Primera Sala de la Suprema Corte resolvió el 21 de noviembre de 2019, en el Amparo en Revisión 331/2019, con ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que esa norma era inconstitucional.

Vale la pena notar algo que casi nadie menciona: el propio INEGI no desagrega la cifra de custodia por sexo del progenitor. No existe una estadística oficial que diga cuántas de esas custodias otorgadas a una sola persona fueron para la madre y cuántas para el padre. Cualquier porcentaje que circule en redes sociales atribuyendo esa proporción a una fuente oficial no está verificado y no debe tomarse como dato duro. Lo que sí está confirmado, con nombre y número de expediente, es que la ley dejó de imponer esa preferencia por sexo desde 2019.

Qué resolvió la Primera Sala en el AR 331/2019

Los tres argumentos detrás de la sentencia

La Corte no declaró inconstitucional la norma por capricho: identificó tres problemas concretos. Primero, la regla usaba el sexo del progenitor como criterio de distinción, lo que constituye una categoría sospechosa bajo el artículo 1 constitucional y obliga a un escrutinio estricto. Segundo, al aplicar la custodia de forma automática, la norma desplazaba el análisis del caso concreto: ya no importaba si el padre tenía mejor capacidad de cuidado, más disponibilidad de tiempo o un vínculo más sólido con el menor, porque la ley decidía por él antes de que el juez viera el expediente. Tercero, y quizá lo más relevante para entender el criterio, la Corte señaló que la norma reforzaba estereotipos de género: la idea de que las mujeres son naturalmente mejores cuidadoras y los hombres naturalmente mejores proveedores, una asunción sin sustento probatorio que termina perjudicando a ambos progenitores.

Qué cambió y qué no cambió en la práctica

Técnicamente, el AR 331/2019 se pronunció sobre el texto del Código Civil de la Ciudad de México, y no está verificado que constituya jurisprudencia obligatoria para todas las entidades. Por eso conviene describirlo como el criterio de la Primera Sala, no como una regla que reformó automáticamente los 32 códigos civiles del país. En la práctica, sin embargo, el razonamiento se cita y se aplica en juzgados de otras entidades, incluso donde el texto local todavía conserva una redacción parecida a la que existía en la CDMX antes de 2019. Es un ejemplo de cómo un criterio de la Suprema Corte puede orientar decisiones más allá del expediente que lo originó, aun cuando la reforma legislativa formal tarde en llegar a cada Congreso estatal.

Qué NO significa esta sentencia

Eliminar la preferencia materna automática no creó, en sentido contrario, una preferencia paterna automática. El juez no debe compensar décadas de sesgo hacia la madre con un nuevo sesgo hacia el padre; debe analizar el caso concreto con los mismos criterios para ambos. Tampoco significa que la madre pierda alguna ventaja legal: simplemente ya no existe una ventaja de origen para nadie, y ambos progenitores parten del mismo punto para acreditar su capacidad de cuidado.

Error frecuente: confundir “sin preferencia” con “ventaja para el padre”

Es común que, tras conocer el criterio del AR 331/2019, algunos padres —y algunos abogados poco actualizados— asuman que ahora “toca parejo” en el sentido de que el juez debe repartir la custodia a la mitad casi por regla, o que existe una especie de compensación histórica a favor del padre. Ninguna de las dos ideas es correcta. Lo que cambió es el punto de partida del análisis, no el resultado esperado. El juez sigue evaluando evidencia real de convivencia cotidiana, estabilidad y capacidad de cuidado; la diferencia es que ya no puede asumir esa capacidad por el sexo del progenitor, ni a favor ni en contra.

Qué pondera un juez de familia para decidir la custodia

El interés superior del menor como eje

Todo el análisis de custodia gira alrededor del interés superior del menor, reconocido en el artículo 4 constitucional y en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Suprema Corte ha descrito este concepto, en la tesis 1a./J. 44/2014, como un concepto jurídico indeterminado que se resuelve en tres zonas: una de certeza positiva (lo que claramente beneficia al menor), una de certeza negativa (lo que claramente lo perjudica) y una zona intermedia que el juez debe resolver caso por caso, ponderando la evidencia disponible. Para ayudar a esa ponderación, la propia Corte publica un Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, dirigido a jueces de todo el país.

En la práctica, esto se traduce en una serie de criterios concretos que los juzgados de familia valoran al decidir custodia:

1. El vínculo de cuidado previo: quién ha atendido de forma cotidiana la alimentación, la escuela, la salud y las rutinas del menor.
2. La capacidad parental real de cada progenitor, incluida su disponibilidad de tiempo compatible con el horario del menor.
3. La proximidad geográfica entre los domicilios de ambos progenitores, especialmente relevante si se plantea custodia compartida.
4. La estabilidad económica comparable de cada hogar, entendida como capacidad de cubrir necesidades básicas, no como quién gana más dinero.
5. El grado de cooperación parental observado entre ambos progenitores.
6. La edad y la opinión del menor, cuando tiene edad y madurez suficiente para expresarla.
7. La ausencia de violencia doméstica en el hogar de cada progenitor.
8. La ausencia de procesos penales en curso relacionados con la seguridad del menor.
9. El acuerdo previo, si existe, entre los propios padres sobre cómo organizar la convivencia.

Los criterios adicionales que ha fijado la Primera Sala

Más allá del AR 331/2019, la Primera Sala ha construido, a lo largo de los años, un conjunto de criterios que los juzgados de familia toman como referencia al evaluar aptitud parental. Tres de ellos aparecen con frecuencia en juicios de custodia y conviene conocerlos.

ADR 2710/2017 y la teoría del riesgo

Este criterio establece que no existe una presunción absoluta de idoneidad por la sola condición de ser madre o padre. Basta con que exista una posibilidad razonable de afectación al menor, lo que la Corte llama la teoría del riesgo, para que el juez actúe con cautela y ajuste el régimen de custodia o convivencia, sin necesidad de esperar a que el daño ya se haya consumado. Es un criterio preventivo, no punitivo: no exige probar que algo malo ya ocurrió, sino que existe un riesgo razonablemente identificable.

ADR 3394/2012: la nueva pareja también se valora

Cuando uno de los progenitores tiene una nueva pareja que convive de forma habitual con el menor, ese tercero pasa a formar parte del entorno cotidiano del niño o la niña, y por tanto puede ser sujeto de valoración psicológica dentro del juicio. No se trata de fiscalizar la vida sentimental de los padres, sino de reconocer que quien convive diariamente con un menor influye en su bienestar, sin importar si ese adulto es progenitor biológico o no.

Qué evalúa esta valoración en la práctica

Cuando un juez ordena valorar psicológicamente a la nueva pareja de un progenitor, el objetivo no es juzgar la relación de pareja en sí, sino verificar que ese entorno no represente un riesgo para el menor y que exista compatibilidad razonable con las rutinas y necesidades del niño o la niña. Es una diligencia adicional, no un obstáculo automático para obtener o conservar la custodia.

AR 910/2016: perspectiva de género al evaluar aptitud parental

Este criterio obliga a los jueces a analizar la aptitud parental con perspectiva de género, lo que en la práctica significa vigilar que la evaluación de cada progenitor no esté contaminada por supuestos no verificados sobre roles tradicionales. Aplica en ambos sentidos: tanto para evitar que se asuma que la madre es mejor cuidadora por default, como para evitar que se descalifique al padre por razones que en realidad reflejan una distribución históricamente desigual de las tareas de cuidado dentro del hogar, y no una falta real de capacidad parental.

Para dimensionar qué tanto cambió el panorama legal en menos de veinte años, conviene comparar el escenario anterior a la sentencia con el actual:

Es importante subrayar que este cuadro compara el criterio jurisprudencial, no una reforma legislativa uniforme: como se explicó antes, la implementación en cada código estatal puede variar, y por eso la consulta con un abogado de familia local sigue siendo indispensable. Puedes revisar el panorama completo del proceso de custodia en la guía de guarda y custodia en México, que funciona como mapa general de todo este silo de contenido.

Cómo pedir y sostener la custodia si eres padre

Que ya no exista preferencia materna automática no significa que un padre gane la custodia solo por solicitarla. Significa que parte del mismo punto que la madre: debe acreditar, con evidencia concreta, que tiene la capacidad real de cuidar al menor de forma cotidiana. En la práctica, muchos padres que buscan custodia para el papá se enfrentan menos a un sesgo legal formal que a la dificultad de documentar un vínculo de cuidado que, por la distribución tradicional de tareas dentro del hogar, no siempre quedó registrado en papel.

Qué debe acreditar un padre que solicita la custodia

1. Un vínculo de cuidado cotidiano real, no solo presencia ocasional: quién lleva al menor a la escuela, quién atiende citas médicas, quién organiza las rutinas diarias.
2. Disponibilidad de tiempo compatible con las necesidades del menor, incluida la flexibilidad del horario laboral.
3. Una vivienda adecuada y estable, con espacio y condiciones apropiadas para el menor.
4. Una red de apoyo cercana (familiares, escuela, servicios de salud) que respalde el cuidado cotidiano.
5. Ausencia de antecedentes de violencia doméstica o procesos penales relacionados con la seguridad del menor.
6. Disposición documentada a facilitar la convivencia del menor con la madre, salvo que exista un riesgo acreditado.
7. Estabilidad económica comparable a la del otro progenitor, entendida como capacidad de cubrir necesidades básicas, no como superioridad de ingresos.

Documentos y pruebas típicas

1. Pericial psicológica, tanto del menor como de cada progenitor, que evalúe vínculo y capacidad de cuidado.
2. Estudio de trabajo social que verifique las condiciones reales de cada vivienda.
3. Testimoniales de terceros (familiares, maestros, vecinos) que documenten la convivencia cotidiana observada.
4. Documental: comprobantes de domicilio, constancias de horario laboral, historial escolar y médico del menor.
5. Escucha del menor, cuando su edad y madurez lo permiten, conforme al criterio de la Contradicción de Tesis 256/2014.

Qué pedirle a tu abogado antes de solicitar la custodia

1. Qué código civil aplica en tu entidad y qué dice exactamente sobre custodia y convivencia.
2. Qué evidencia de convivencia cotidiana conviene empezar a documentar desde ahora, antes de iniciar el juicio.
3. Si conviene plantear custodia compartida o custodia exclusiva dado el nivel de cooperación real con el otro progenitor.
4. Qué estudio de trabajo social o pericial psicológica se requiere en tu juzgado y quién cubre su costo.
5. Cómo afecta la distancia entre los domicilios a la viabilidad de tu solicitud.
6. Qué hacer, dentro de la ley, si el otro progenitor dificulta la convivencia mientras el juicio está en trámite.

Estereotipos que persisten en la práctica

Aunque el criterio legal cambió en 2019, algunos operadores del sistema (jueces, peritos e incluso abogados) siguen aplicando, de forma no siempre consciente, supuestos de género que la propia Corte ha señalado como problemáticos. Por eso el AR 910/2016 exige perspectiva de género en la evaluación de aptitud parental: no para favorecer a ninguno de los dos progenitores, sino para detectar cuándo una conclusión pericial o judicial está reflejando un estereotipo (por ejemplo, asumir que un padre “no sabe” cuidar bebés, o que una madre que trabaja tiempo completo “descuida” a sus hijos) en lugar de evidencia real. Si detectas ese sesgo en tu propio caso, coméntalo directamente con tu abogado: es un argumento legal válido, no solo una queja.

Una pregunta que surge con frecuencia en este contexto es si la infidelidad de uno de los progenitores da alguna ventaja procesal para obtener la custodia. La respuesta, con base en el marco legal vigente, es que no por sí sola.

Esta distinción importa porque conviene separar el dolor de la traición, que es real y merece atención, del terreno estrictamente probatorio de un juicio de custodia, que se decide con evidencia de capacidad de cuidado, no con evidencia de quién rompió la confianza conyugal.

Custodia compartida: la opción menos usada

El dato incómodo va primero: apenas 5.9% de los divorcios judiciales resueltos en 2024 terminó en custodia compartida, prácticamente igual al 5.8% registrado en 2023. La gran mayoría de los casos con custodia asignada (38.2% en 2024) sigue resolviéndose a favor de un solo progenitor, y más de la mitad de los divorcios judiciales de 2024 (55.1%) ni siquiera involucró una asignación de custodia, principalmente porque no había hijos menores de por medio.

La custodia compartida está prevista en el Código Civil para la Ciudad de México desde la reforma de 2004 al artículo 282, apartado B, fracción II, y figuras equivalentes existen en otras entidades, aunque no hay un listado oficial verificado de cuáles la contemplan en su texto exacto, así que conviene revisarlo con un abogado local.

Qué la hace viable

1. Un acuerdo real entre los padres, no solo aceptado bajo presión para “quedar bien” ante el juez.
2. Domicilios lo suficientemente cercanos como para no romper la rutina escolar y social del menor.
3. Horarios laborales compatibles con un esquema de alternancia.
4. Comunicación funcional entre los progenitores, incluso si la relación de pareja terminó mal.
5. Ausencia de conflicto activo o de violencia doméstica entre las partes.

Qué la hace fracasar

La literatura especializada en hijos de padres divorciados converge en un punto: el nivel de conflicto parental predice el ajuste emocional del menor mejor que el hecho mismo del divorcio o el tipo de custodia elegido. Un seguimiento de 25 años encontró que 25% de los hijos adultos de padres divorciados mostró problemas psicológicos serios en la adultez, frente a 10% en familias que permanecieron intactas; dicho de otro modo, 75% de los hijos de padres divorciados no presentó esos problemas. La custodia compartida puede funcionar muy bien cuando hay cooperación real, y puede ser perjudicial cuando se impone sobre un conflicto parental activo y no resuelto, porque obliga al menor a transitar constantemente entre dos ambientes tensos en lugar de reducir su exposición al conflicto.

Puedes revisar a fondo los requisitos y la realidad de esta opción en el artículo sobre custodia compartida en México, que profundiza en los criterios que los jueces ponderan caso por caso.

La voz del menor y las pruebas periciales

Cuándo y cómo se escucha al menor

La Contradicción de Tesis 256/2014, resuelta el 25 de febrero de 2015, hizo obligatorio que los jueces posibiliten que niñas, niños y adolescentes sean escuchados en los procedimientos que les afectan directamente, incluidos los juicios de custodia. La Corte fue explícita en un punto que suele sorprender: no existe una edad mínima fija para esta diligencia, porque la edad biológica no correlaciona necesariamente con la madurez del menor para expresar una opinión relevante. Hay excepciones: que sus derechos no formen parte del litigio, que el propio menor no quiera participar, o que exista riesgo para su integridad al hacerlo. La opinión del menor no es vinculante para el juez, pero debe ponderarse expresamente en la resolución, no simplemente registrarse y archivarse.

Qué evalúa la pericial psicológica

La pericial psicológica es, junto con el estudio de trabajo social, una de las pruebas más determinantes en un juicio de custodia: evalúa el vínculo afectivo del menor con cada progenitor, la capacidad de contención emocional de cada adulto y, cuando aplica, a la nueva pareja de alguno de los progenitores conforme al criterio del ADR 3394/2012. En la práctica de mercado, este tipo de evaluación tiene un costo aproximado de 2,000 pesos por menor, y conviene contratarla con un profesional cuya cédula esté verificable en el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. Puedes encontrar profesionales de este perfil en el directorio de psicología y terapia de INFIEL MX.

Violencia doméstica y alienación parental: qué sí pesa legalmente

La ausencia de violencia doméstica es uno de los criterios que los jueces ponderan de forma explícita al decidir custodia y régimen de convivencia, y con razón: ningún esquema de cuidado, por más equilibrado que parezca en papel, debe exponer a un menor a un entorno de riesgo. Cuando existe evidencia de violencia, el juez puede ajustar el esquema de custodia, limitar la convivencia o, en casos extremos, avanzar hacia procedimientos más severos como la pérdida de patria potestad.

Un concepto relacionado, pero distinto, es la violencia vicaria: instrumentalizar a hijas e hijos para dañar de forma sostenida al otro progenitor, según la definición del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Al 27 de marzo de 2025, al menos 12 entidades la tipificaban en su Código Penal (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), y la lista sigue creciendo, por lo que conviene verificar el Código Penal vigente en tu propio estado.

Distinto también es el concepto de alienación parental, que la Primera Sala abordó en un criterio difundido el 13 de noviembre de 2019, a partir de un caso originado en Baja California: la Corte sostuvo que no es, por sí sola, causal automática para suspender o retirar la patria potestad, y la calificó como un fenómeno complejo sin consenso científico. La Corte advirtió, además, que aplicar sanciones automáticas bajo ese argumento puede vulnerar el interés superior del menor, y organizaciones de derechos de las mujeres y de la infancia han señalado el riesgo de que el concepto se use para minimizar denuncias reales de violencia. Esto no significa que el fenómeno no exista ni que no pueda documentarse: significa que, legalmente, no sustituye la carga de probar hechos concretos, sin importar cuál de los dos progenitores lo alegue.

Qué pruebas sirven realmente en un juicio de custodia

El expediente de un juicio de custodia no se decide con impresiones ni con capturas de pantalla sueltas: se construye con pruebas que el juez puede valorar conforme a reglas procesales claras. Las más comunes en un juicio familiar mexicano son la pericial psicológica, el estudio de trabajo social, la testimonial, la documental (incluidas las videograbaciones, que la jurisprudencia de Pleno P./J. 18/2020, registro digital 2022595, reconoce como prueba documental ofrecible por las partes), la pericial en informática cuando hay evidencia digital de por medio, y la escucha del propio menor.

No toda evidencia disponible es evidencia admisible. El artículo 16 constitucional protege la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y la Suprema Corte, en el ADR 1621/2010, resuelto el 24 de mayo de 2019, desechó más de 300 correos electrónicos que un cónyuge había impreso de la cuenta de su pareja, precisamente por violar esa protección, que aplica también dentro del matrimonio. Acceder sin autorización al teléfono, al correo o a la nube del otro progenitor no solo puede invalidar la prueba: constituye una conducta tipificada en los artículos 211 bis 1 a 211 bis 7 del Código Penal Federal, sin excepción marital, y las intervenciones de comunicaciones ajenas caen además en el artículo 177 del mismo código, con penas de 6 a 12 años de prisión. La ruta correcta, cuando se necesita documentar hechos relevantes para un juicio de custodia, pasa por evidencia obtenida legalmente: comunicaciones propias en las que el progenitor participó directamente, documentación de convivencia y, cuando aplica, peritaje forense sobre dispositivos con cadena de custodia verificable. Puedes revisar este tema con mayor profundidad en el artículo sobre pruebas que admite un juez de familia en custodia, en la guía de cadena de custodia digital de WhatsApp y en el artículo sobre qué se recupera legalmente de un celular.

Errores que debilitan un caso de custodia, sin importar quién lo pida

1. Usar al menor como mensajero, confidente o testigo del conflicto entre los adultos.
2. Hablar mal del otro progenitor frente al hijo o la hija, incluso de forma indirecta.
3. Incumplir de forma sistemática un régimen de convivencia ya fijado por el juez.
4. Aportar evidencia obtenida ilegalmente, como accesos no autorizados al celular o al correo del otro progenitor, que puede desecharse y además debilitar la credibilidad de quien la presenta.
5. Asumir que la infidelidad del otro progenitor va a “ganar” el juicio de custodia por sí sola, sin evidencia de capacidad de cuidado.
6. No documentar la convivencia cotidiana real mientras el matrimonio todavía funciona, dejando ese vínculo sin respaldo probatorio para cuando sea necesario.
7. Iniciar una solicitud de modificación de custodia por represalia, sin evidencia real de un cambio de circunstancias que afecte al menor.

Si te preguntas cómo documentar hechos relevantes sin cruzar esa línea legal, o si no tienes claro qué disciplina te toca, el triaje de tres preguntas lo ubica sin registro y sin pedir tu nombre, y el directorio de investigación privada ordena por ciudad a quién pedirle propuesta. También puedes revisar cómo elegir entre estos perfiles en el artículo detective vs. perito vs. abogado, cuál necesitas y, si el caso involucra evidencia de infidelidad que puede tener efecto patrimonial, en investigación de infidelidad en CDMX como evidencia ante el juzgado de familia.

Cuando el conflicto llega a una audiencia formal, conviene también entender cómo operan los juzgados de familia en la práctica: puedes revisar un caso documentado en el artículo sobre el expediente blindado en el juzgado familiar de Niños Héroes del TSJ CDMX, que ilustra el nivel de organización probatoria que exige una audiencia de este tipo. Y si tu proceso apenas comienza, conviene revisar primero la guía completa de guarda y custodia en México y las preguntas frecuentes sobre el proceso de divorcio y custodia, además de acudir con un abogado de familia registrado en tu entidad, por ejemplo a través del directorio legal familiar o de servicios de mediación y resolución de conflictos cuando ambas partes están dispuestas a negociar sin llegar a juicio contencioso. Si el proceso ya concluyó y necesitas dar seguimiento al cumplimiento del régimen de convivencia o de la custodia dictada, existe también apoyo especializado en seguimiento post-divorcio.

Para quien litiga en la Ciudad de México, conviene recordar que el AR 331/2019 se originó precisamente en el Código Civil local de la CDMX, lo que explica por qué es la entidad donde este criterio se cita con más frecuencia en juzgados y despachos.